Si nadie lo remedia y no parece que sea fácil, éste puede ser el año de las cajas de ahorro, el año en el que viviremos peligrosamente la redimensión del sector y no ya por la culminación del proceso de fusiones, sino por la puesta en valor real de unos activos que en el caso de los inmobiliarios pueden estar considerablemente inflados. Es decir, la mayoría de las cajas, unas más que otras, declaran un valor por sus activos inmobiliarios relacionado con el mercado de hace dos o tres años, cuando el precio de lo que tienen ha bajado a veces en más del 50%. Esto, que se podría considerar un agujero de órdago, ha sido aceptado hasta ahora como una especie de trampa legal, pero los observadores financieros europeos se han puesto a temblar por lo que pueda pasar aquí si no se regula una situación de todo punto peligrosa.
Si a ello se une que la morosidad sigue escalando peldaños en las cajas de ahorros, porque continúan incrementándose los impagos de hipotecas y otros créditos, el panorama es como para que este país se eche a temblar.
El proceso de fusiones e integraciones de cajas en un Sistema Institucional de Protección (SIP), además del volumen de recursos que ha necesitado para poner en orden algunas situaciones más o menos desesperadas, ha cubierto con un tupido velo la gestión que los políticos han realizado en las cajas. El verdadero cáncer de estas entidades –y esto hoy nadie lo duda, mucho menos los supervisores internacionales- ha sido la presencia de políticos en sus órganos rectores, algunos/as ocupando puestos destacadísimos sin tener apenas unos estudios primarios. Tanto es así, que en algunas entidades andaluzas se han realizado inspecciones del Banco de España que han derivado en informes con advertencias muy graves, en ciertos casos por el apoyo que algún que otro político ha prestado a determinados promotores que han contado con barra libre mientras muchas otras empresas, en su mayor parte viables, han visto cerrado el grifo de la financiación hundiéndose por falta de recursos con los que paliar los impagos que sufrían de sus proveedores o la necesidad de inversión para mantenerse en el mercado con rentabilidad.
El año que se inicia puede depararnos una serie de negros nubarrones en el escenario de las cajas de ahorro. Y sería de desear que, una vez que estas entidades han entrado en la órbita de otras con consejos más plurales y normativas más transparentes, se pueda saber cuál es la responsabilidad de cada político, sobre todo en relación con determinados créditos que siguen siendo extrañas asignaturas pendientes.
