
El proyecto de semiprivatización de la empresa municipal Aguas de Huelva supone un punto de inflexión en el mandato de Pedro Rodríguez que trasciende el plano meramente económico. Desde los gobiernos de José Antonio Marín Rite (POSE), es decir, desde el inicio de la democracia municipal, Aguas de Huelva ha sido una entidad emblemática para la capital, que ha tenido que sortear hace años la presión de importantes empresas nacionales y multinacionales para hacerse con su control.
Hubo un tiempo, hace más de una década, en el que las grandes empresas relacionadas con la gestión del agua vieron en las sociedades municipales del sector un objetivo a considerar en sus planes de expansión, ante un futuro en el que el agua era un producto llamado a conseguir un alto valor. Aquellos planteamientos se hicieron coincidiendo con los primeros estragos sociales de los periodos de sequía, que en los años ochenta sumieron a capitales como Sevilla, sin ir más lejos, en un consumo limitado a cuatro horas diarias, dos por la mañana y otras dos por la tarde, incluso en los meses de julio y agosto.
El agua se convertía así en un valor de futuro y las grandes empresas del sector planearon sobre los consistorios, en algunos casos, como Jerez, llegando incluso a ofrecer líneas de embotellado para comercializar el líquido elemento con un valor añadido, operando a partir de los manantiales de los que se nutría la población urbana.
Aguas de Huelva se mantuvo siempre, más que como una empresa, como una institución sobre la que existía un consenso que, fuera cual fuese el color del gobierno municipal, mantenía el marchamo de la brillante gestión de la entidad por todos reconocida. A esa especie de sensibilidad institucional se suma hoy un elemento añadido. La idea del PSOE de crear una empresa provincial de gestión de aguas, con el pretexto de una pretendida solidaridad entre municipios, que permita a los más pequeños disponer de un servicio costeado por la globalidad, tiene sin embargo un trasfondo económico que se refiere al dinero que esa empresa podría conseguir de otras instancias y que permitiría crear una estructura de personal y medios muy atractiva para quienes desde el poder tratan de amplificar el despliegue que se observa, por ejemplo, en las mancomunidades.
En este escenario, no es extraño que la idea de semiprivatizar Aguas de Huelva haya empujado a la oposición municipal y trabajadores de la empresa a desenterrar el hacha de guerra frente a un Gobierno municipal que ya tiene demasiados flancos abiertos, la mayoría de ellos derivados de su precaria situación económica.
Sin embargo, lo más curioso de este escenario es su propio origen. El Ayuntamiento de Huelva ha solicitado un crédito a dos entidades – Cajasol y Unicaja – a cuenta de los ingresos que esperaba recibir por la explotación de la red que traslada el líquido elemento a los domicilios de los onubenses, que es de titularidad municipal y por tanto “alquilada” por Aguas de Huelva. Que dos entidades como las citadas, con consejos de administración compuestos por partidos y sindicatos, nieguen un crédito a un Ayuntamiento de capital no es lo más normal.
Hasta ahora, los dos grandes partidos, PSOE y PP, se han caracterizado por un permanente enfrentamiento en la política general que, sin embargo, se ha dejado siempre a las puertas de las Cajas de Ahorro. No son pocos los ejemplos que se pueden citar de créditos concedidos a ayuntamientos de uno y otro color a partir de un consenso entre los dos grandes partidos, que han sabido siempre repartirse las soluciones a sus necesidades con la teoría de hoy por mí y mañana por ti… Las amistades que se han hecho en los consejos de las Cajas entre representantes de esos dos grandes partidos contrastan sobremanera con las fobias que se observan en el resto de la actividad política entre esas dos mismas formaciones.
En este sentido, es extraño que el Ayuntamiento de Huelva no haya conseguido el suficiente “apadrinamiento” para alcanzar la línea de crédito que le era imprescindible para desbloquear parte de una situación financiera que afecta a cientos de proveedores, empleados municipales y otras instancias. Desde el punto de vista técnico, tal vez haya motivos suficientes para justificar una negativa a la concesión del crédito, si se observa la política de pagos del Ayuntamiento a entidades bancarias con sus correspondientes refinanciaciones. Sin embargo, no es ésta una situación privativa del consistorio onubense, sino generalizada hoy en las haciendas locales, algunas de las cuales, en el resto de Andalucía, también han planteado operaciones de similar factura.
En el plano meramente político, la crispación social y municipal promete recrudecerse sobremanera con el caso Aguas de Huelva. Pero siendo éste un problema para el Gobierno municipal, que tendrá que soportar la correspondiente erosión, más grave resulta tener que esperar de nuevo meses para hacer frente a pagos pendientes que en muchos casos se había previsto liquidar con el crédito frustrado, y ahora tendrán que esperar a la constitución de la nueva sociedad mixta de Aguas de Huelva, cuya puesta en marcha tal vez no sea tan fácil como algunos prevén.
Hubo un tiempo, hace más de una década, en el que las grandes empresas relacionadas con la gestión del agua vieron en las sociedades municipales del sector un objetivo a considerar en sus planes de expansión, ante un futuro en el que el agua era un producto llamado a conseguir un alto valor. Aquellos planteamientos se hicieron coincidiendo con los primeros estragos sociales de los periodos de sequía, que en los años ochenta sumieron a capitales como Sevilla, sin ir más lejos, en un consumo limitado a cuatro horas diarias, dos por la mañana y otras dos por la tarde, incluso en los meses de julio y agosto.
El agua se convertía así en un valor de futuro y las grandes empresas del sector planearon sobre los consistorios, en algunos casos, como Jerez, llegando incluso a ofrecer líneas de embotellado para comercializar el líquido elemento con un valor añadido, operando a partir de los manantiales de los que se nutría la población urbana.
Aguas de Huelva se mantuvo siempre, más que como una empresa, como una institución sobre la que existía un consenso que, fuera cual fuese el color del gobierno municipal, mantenía el marchamo de la brillante gestión de la entidad por todos reconocida. A esa especie de sensibilidad institucional se suma hoy un elemento añadido. La idea del PSOE de crear una empresa provincial de gestión de aguas, con el pretexto de una pretendida solidaridad entre municipios, que permita a los más pequeños disponer de un servicio costeado por la globalidad, tiene sin embargo un trasfondo económico que se refiere al dinero que esa empresa podría conseguir de otras instancias y que permitiría crear una estructura de personal y medios muy atractiva para quienes desde el poder tratan de amplificar el despliegue que se observa, por ejemplo, en las mancomunidades.
En este escenario, no es extraño que la idea de semiprivatizar Aguas de Huelva haya empujado a la oposición municipal y trabajadores de la empresa a desenterrar el hacha de guerra frente a un Gobierno municipal que ya tiene demasiados flancos abiertos, la mayoría de ellos derivados de su precaria situación económica.
Sin embargo, lo más curioso de este escenario es su propio origen. El Ayuntamiento de Huelva ha solicitado un crédito a dos entidades – Cajasol y Unicaja – a cuenta de los ingresos que esperaba recibir por la explotación de la red que traslada el líquido elemento a los domicilios de los onubenses, que es de titularidad municipal y por tanto “alquilada” por Aguas de Huelva. Que dos entidades como las citadas, con consejos de administración compuestos por partidos y sindicatos, nieguen un crédito a un Ayuntamiento de capital no es lo más normal.
Hasta ahora, los dos grandes partidos, PSOE y PP, se han caracterizado por un permanente enfrentamiento en la política general que, sin embargo, se ha dejado siempre a las puertas de las Cajas de Ahorro. No son pocos los ejemplos que se pueden citar de créditos concedidos a ayuntamientos de uno y otro color a partir de un consenso entre los dos grandes partidos, que han sabido siempre repartirse las soluciones a sus necesidades con la teoría de hoy por mí y mañana por ti… Las amistades que se han hecho en los consejos de las Cajas entre representantes de esos dos grandes partidos contrastan sobremanera con las fobias que se observan en el resto de la actividad política entre esas dos mismas formaciones.
En este sentido, es extraño que el Ayuntamiento de Huelva no haya conseguido el suficiente “apadrinamiento” para alcanzar la línea de crédito que le era imprescindible para desbloquear parte de una situación financiera que afecta a cientos de proveedores, empleados municipales y otras instancias. Desde el punto de vista técnico, tal vez haya motivos suficientes para justificar una negativa a la concesión del crédito, si se observa la política de pagos del Ayuntamiento a entidades bancarias con sus correspondientes refinanciaciones. Sin embargo, no es ésta una situación privativa del consistorio onubense, sino generalizada hoy en las haciendas locales, algunas de las cuales, en el resto de Andalucía, también han planteado operaciones de similar factura.
En el plano meramente político, la crispación social y municipal promete recrudecerse sobremanera con el caso Aguas de Huelva. Pero siendo éste un problema para el Gobierno municipal, que tendrá que soportar la correspondiente erosión, más grave resulta tener que esperar de nuevo meses para hacer frente a pagos pendientes que en muchos casos se había previsto liquidar con el crédito frustrado, y ahora tendrán que esperar a la constitución de la nueva sociedad mixta de Aguas de Huelva, cuya puesta en marcha tal vez no sea tan fácil como algunos prevén.








