La selva de intereses en que se ha convertido la financiación de las administraciones públicas ha dejado al margen a los ayuntamientos, y ni siquiera con vistas a las elecciones municipales próximas se ha abierto un debate serio sobre este asunto. En el primer semestre del pasado ejercicio, el Gobierno central prometió presentar una iniciativa para la financiación de ayuntamientos, cabildos y diputaciones, que sin que nadie lo explicara, se cayó de las previsiones. Los anuncios que se hicieron desde algunos partidos como el PP, augurando una fuerte contestación social a partir del pasado mes de septiembre para reivindicar la financiación municipal, se olvidó también, y en estos momentos, el único alivio que reciben algunos consistorios es una limosna con la que se trata de sofocar la crítica situación de ayuntamientos como el de Jerez, en quiebra, al que el Gobierno de Griñán acaba de adelantarle dos millones de euros para que tenga algo en la caja con que hacer frente a lo más urgente.
La fama de manirrotos que se han ganado los ayuntamientos, sobre todo a raíz de la revolución del ladrillo y el dinero que entraba en caja, juega en contra de las haciendas locales. Y, por otra parte, al silencio del Gobierno central se suma el escaso interés de las autonomías por desprenderse de poder financiero en una dinámica en la que cada cual procurar tirar de la caja general como buenamente puede.
Si a ello unimos las continuas declaraciones de líderes políticos –el último de ellos, Felipe González, secundado ahora por Diego Valderas- que no se explican para qué sirven las diputaciones, el futuro inmediato para las administraciones inferiores no está nada claro, a las puertas ya de unas elecciones en las que cada partido va a utilizar la ruina municipal de su contrario.
En este asunto, como en el de las autonomías, la asignatura pendiente sigue siendo la misma: la reforma integral de la Administración pública. Uno de los aspectos que apoyan esta necesidad, reconocida ya hace años por el propio Alfonso Guerra, es el hecho de que la descentralización de la Administración del estado con la creación de las autonomías no haya recortado y/o trasvasado en lo que se preveía el número de funcionarios centrales. Hubo ministros, como Lacuadra Salcedo en su momento, que anunciaron que este trasvase de masa laboral de funcionarios sería posible y se llevaría a cabo. A estas alturas, la realidad demuestra que aquellas buenas intenciones no pasaban de ser eso, intenciones.
Con este escenario, no sería extraño que en los próximos meses asistiéramos a recortes de empleados municipales no funcionarios, demoras insufribles en los pagos de nóminas y un mayor aumento de los impagos a los proveedores. Algunos consistorios, entre ellos el de Huelva, huérfanos ya de los aportes del sector de la construcción, han empezado a desprenderse de patrimonio público, ya sea suelo o empresas municipales. Pero esto no será más que un parche coyuntural con el que alargar una agonía que promete depararles malos momentos a quienes accedan a las alcaldías o repitan en ellas tras las elecciones del próximo mes de mayo.
