La rentabilidad política de los escándalos puede ser en algunos casos lo más parecido a un boomerang, por injusto que parezca. El caso de los ERE,s, por ejemplo. La estrategia del PSOE ahora es trasladar a miles de trabajadores que están sujetos a este sistema la idea de que el PP quiere cuestionarlo. y por tanto sembrar el temor de que incluso los que están sujetos a un expediente de regulación legal pueden tener problemas. Ocurre como en su día se hizo con el PER. Es un uso perverso del asunto, con el que se intentan difuminar las consecuencias electorales del escándalo de la corrupción por parte del partido en el poder. Tanto es así, que Javier Arenas y Antonio Sanz han tenido que insistir estos últimos días en que la inmensa mayoría de los trabajadores con ERE,s no tienen nada que temer.
Otro caso: el escándalo de las subvenciones europeas a empresarios agrícolas con el descontrol de la Junta y la intervención de posibles intermediarios. El asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero sólo haciendo un cálculo se puede llegar a una curiosa conclusión. Teniendo en cuenta
los miles de empresarios agrícolas presuntamente relacionados con este fraude, si se multiplica por dos o tres –metiendo en cada caso a los familiares más cercanos del afectado-, puede haber en juego más de veinte mil votos en Andalucía. Estos afectados, en el caso de verse inculpados, tendrían que devolver el dinero cobrado indebidamente por subvención a cuenta de mantener una plantilla estable que no respetaron. ¿Quién sería el perdedor? Posiblemente, el partido denunciante. Quizás por eso, de momento, el PP parece dejar el caso en manos de los tribunales.
Frente a estas contingencias, la esperanza para quienes denuncian la corrupción está en que la inmensa mayoría de lo andaluces sientan desprecio por estas irregularidades y sancionen electoralmente a quines las permiten o no ponen los suficientes medios para perseguirlas y erradicarlas. Claro, que en las encuestas, estos datos nunca están demasiado claros.
Otro caso: el escándalo de las subvenciones europeas a empresarios agrícolas con el descontrol de la Junta y la intervención de posibles intermediarios. El asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero sólo haciendo un cálculo se puede llegar a una curiosa conclusión. Teniendo en cuenta los miles de empresarios agrícolas presuntamente relacionados con este fraude, si se multiplica por dos o tres –metiendo en cada caso a los familiares más cercanos del afectado-, puede haber en juego más de veinte mil votos en Andalucía. Estos afectados, en el caso de verse inculpados, tendrían que devolver el dinero cobrado indebidamente por subvención a cuenta de mantener una plantilla estable que no respetaron. ¿Quién sería el perdedor? Posiblemente, el partido denunciante. Quizás por eso, de momento, el PP parece dejar el caso en manos de los tribunales.