La preocupación de la Junta en relación con las competencias del Guadalquivir no está tanto en el nivel de autonomía que se gane o pierda, sino en el peligro que supone que todos los actos administrativos de la Agencia Andaluza del Agua sean nulos de pleno derecho, tras la decisión del Tribunal Constitucional. Cualquiera que haya sido objeto de un acto administrativo relacionado con esa Agencia, desde denegación de licencias a sanciones pasando por un simple oficio, puede tener la ocurrencia de defender ante los tribunales la nulidad del hecho en cuestión, y lo ganaría con toda seguridad. Y en todo caso, si quiere vender una finca en la que, por ejemplo, se haya hecho un pozo con la licencia de la Agencia, el comprador puede alegar que dicha licencia no tiene valor alguno.
Lo que ha movido a Griñán a ir a toda prisa a pedir ayuda a Zapatero es, como él mismo ha dicho, conseguir una artimaña –arquitectura, dice- legal para evitar en lo posible un reguero de acciones judiciales contra la Agencia.
La inseguridad jurídica que la decisión del Tribunal Constitucional ha creado en Andalucía es muy grave y de más calado que el debate político que la envuelve. Y lo peor no es sólo lo que se ha hecho sin soporte legal por no tener competencias para ello, sino el tiempo que puede pasar antes de que se reordene el plano administrativo y jurídico de la cuenca del Guadalquivir, una demora que va a tener consecuencias económicas negativas.
