
De momento, no sería extraño que a medida que se va sabiendo la verdad de la situación de determinadas cajas, los clientes se alejen de ellas retirando fondos. Esta dinámica debilitaría aún más la situación de las entidades afectadas, que verían así incrementarse sus niveles de riesgo. Este fenómeno se puede observar ya incluso en algunas ciudades y entidades.
El final del camino puede ser la supervivencia de muy pocas entidades, las mayores y más saneadas, y la intervención de la mayoría de ellas, en principio, para después caer en manos de los bancos a precios de saldo. Sólo por poner un ejemplo, una caja con presencia hegemónica en Andalucía, integrada hoy en un SIP, ha visto alejarse a un importante grupo de inversores extranjeros que, al tener conocimiento de su situación interna, ha desistido. Este caso más otros similares han incrementado la preocupación del Banco de España sobre esta parte del sector financiero, que supone la mitad del total, y el Gobierno, que siempre ha sido esquivo a los consejos de dicha institución, salía ayer anunciando intervenciones en casos de cajas con excesivos riesgos.
En esta tesitura, quizás lo que esté faltando sea un movimiento social que exija que los políticos que han sido responsables de los desmanes que han derivado en la actual situación paguen las consecuencias. Al final todo llega a conocerse y terminarán haciéndose públicos casos escandalosos. Nada se puede ocultar eternamente. Pero mientras tanto, una sociedad sana que hoy cuenta con redes sociales que amplifican el silencio de los medios convencionales, tendría que plantearse la manera de ir a la caza y captura del político que aprovechó una caja para oscuros intereses a espaldas de los impositores.