lunes, 24 de enero de 2011

A la caza y captura

 Los últimos datos y análisis que se vierten sobre la situación de las cajas de ahorros apuntan, en el mejor de los casos, a que estas entidades necesitarán una inyección de al menos 20.000 millones de euros para que no provoquen problemas de confianza en los supervisores extranjeros y por tanto puedan aspirar a contar con inversión privada. En el peor de los casos, según los análisis más pesimistas, la cifra para salvar el sistema de cajas –al margen de la buena situación que tienen algunas- podría llegar a los 80.000 millones.
Sea cual sea la cantidad, el dinero saldrá de las arcas públicas y la causa de estos agujeros, detectados a raíz de la devaluación de activos, está principalmente en una nefasta gestión política, como se ha apuntado en otras ocasiones. Y el hecho, por ejemplo, de que el Gobierno anuncie ahora que nacionalizará las cajas que no cumplan las mínimas garantías exigibles, no es más que una solución con la que se intenta tapar una serie de desmanes y errores originados sobre todo por la gestión de los políticos.
De momento, no sería extraño que a medida que se va sabiendo la verdad de la situación de determinadas cajas, los clientes se alejen de ellas retirando fondos. Esta dinámica debilitaría aún más la situación de las entidades afectadas, que verían así incrementarse sus niveles de riesgo. Este fenómeno se puede observar ya incluso en algunas ciudades y entidades.
El final del camino puede ser la supervivencia de muy pocas entidades, las mayores y más saneadas, y la intervención de la mayoría de ellas, en principio, para después caer en manos de los bancos a precios de saldo. Sólo por poner un ejemplo, una caja con presencia hegemónica en Andalucía, integrada hoy en un SIP, ha visto alejarse a un importante grupo de inversores extranjeros que, al tener conocimiento de su situación interna, ha desistido. Este caso más otros similares han incrementado la preocupación del Banco de España sobre esta parte del sector financiero, que supone la mitad del total, y el Gobierno, que siempre ha sido esquivo a los consejos de dicha institución, salía ayer anunciando intervenciones en casos de cajas con excesivos riesgos.
En esta tesitura, quizás lo que esté faltando sea un movimiento social que exija que los políticos que han sido responsables de los desmanes que han derivado en la actual situación paguen las consecuencias. Al final todo llega a conocerse y terminarán haciéndose públicos casos escandalosos. Nada se puede ocultar eternamente. Pero mientras tanto, una sociedad sana que hoy cuenta con redes sociales que amplifican el silencio de los medios convencionales, tendría que plantearse la manera de ir a la caza y captura del político que aprovechó una caja para oscuros intereses a espaldas de los impositores.