En primer lugar, la base social a la que representan los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, es mínima respecto a la masa laboral general del país. Por otra parte, estos sindicatos están al margen de la población desempleada y de los autónomos. El único poder que les queda a las dos grandes centrales es el que les concede el Gobierno, vía subvenciones, pero sobre todo, en el futuro, dándoles la oportunidad de que se conviertan en mediadores de la demanda de empleo haciéndole la competencia a las empresas privadas de colocación.
Salvando las distancias, que son muchas, actualmente se están produciendo movimientos de subversión contra el sistema en los países del Norte de África. Antes fue en los arrabales franceses y mucho antes en los países que malvivían tras el telón de acero. Los analistas nunca se explicaron cómo se pueden producir movimientos de sublevación contra el sistema, al margen de los partidos y sindicatos. La razón es muy sencilla. El progresivo alejamiento que se está produciendo en muchos lugares del mundo entre la sociedad y las organizaciones políticas y sindicales provoca movimientos inesperados que sólo se llegan a explica a posteriori.España puede estar aún lejos de ese tipo de fenómenos, pero la distancia que separa a la sociedad civil de las organizaciones que tienen la obligación de sostener el sistema cada día es mayor, como se observa tanto en el incremento de la abstención en las elecciones como en el desprestigio de los sindicatos, convertidos hoy en una mera muletilla del Gobierno, y dispuestos a justificar cualquier ataque a los derechos laborales a cambio de mantener a una clase dirigente convertida en casta dominante.
Cuando Rosell habla de que los sindicatos pueden dejar de ser interlocutores válidos, se refiere a que los acuerdos a los que se llegue con las centrales mayoritarias pueden no ser representativos e incluso rechazados por una inmensa mayoría de la masa laboral. Este fenómeno ya se ha producido en algunas provincias, donde convenios colectivos sectoriales pactados por los líderes sindicales han sido rechazados por las bases. Esta inseguridad no interesa a nadie y menos a los empresarios, que necesitan unas centrales sindicales representativas. El pacto de las pensiones, celebrado por los agentes sociales y el Gobierno, y que además contará con el apoyo de la oposición, puede ser una medida necesaria, aunque en parte sea producto de una mala gestión económica del actual Gobierno. Sin embargo, a nadie escapa que la inmensa mayoría de la población lo ve como un revés a sus derechos más elementales. Es decir, que al margen de que la base del acuerdo pudiera ser positiva, tanto los políticos como los agentes sociales, han podido dar un nuevo paso en su progresivo alejamiento de la sociedad representada en este caso por la masa laboral, desempleados, autónomos y sobre todo los jóvenes que ven así alejarse sus posibilidades de alcanzar los niveles de bienestar que tuvieron las generaciones precedentes.
